material periodístico suministrado por Marcelo Corti
ENERGIA
Nota del 24/11/02 en EL PAIS Sociedad
"Vendo toneladas de CO 2 a buen precio"
La UE pondrá en marcha un nuevo mercado para ganar dinero por reducir la contaminación
El mercado de derechos de emisiones de gases causantes del cambio climático está a la vuelta de la esquina. Este mecanismo fue desarrollado por Estados Unidos para incentivar económicamente a la industria en la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones. El Protocolo de Kioto lo hizo suyo. La Unión Europea, que pretende liderar el combate mundial contra el cambio climático, ultima el marco regulador de este mercado en su ámbito territorial y en sus relaciones con los países en desarrollo. El punto crítico será la asignación de emisiones en cuyo reparto trabajan desde hace meses varios ministerios, algunas autonomías, la CEOE y las grandes empresas de los sectores afectados.
GABRIELA CAÑAS - Bruselas
Comprar o vender toneladas de dióxido de carbono va a ser muy pronto una realidad en Europa. Este mercado sin precedentes en la historia es un sistema revolucionario del que se esperan beneficios ecológicos, aunque también económicos a largo plazo. La Unión Europea, que quiere introducirlo el 1 de enero de 2005, ya ha diseñado cómo debería funcionar y la City londinense aspira a convertirse en la sede central de esa futura bolsa de emisiones europeas. El mecanismo será similar al que impera en el mercado de valores. El objetivo: cumplir el Protocolo de Kioto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El comercio de emisiones lo ideó la Administración de Bill Clinton y lo abanderó su vicepresidente Al Gore, pero será la Unión Europea la pionera en ponerlo en marcha, toda vez que Estados Unidos se ha retirado del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU, más conocido por Protocolo de Kioto.
A falta de concretar todavía algunos detalles, que los ministros de Medio Ambiente de los Quince discutirán el próximo 9 de diciembre, las líneas directrices ya están perfiladas. Cinco mil grandes empresas europeas cuya actividad contamina la atmósfera con una importante cantidad de emisiones de dióxido de carbono estarán obligadas a participar en este mercado. Se han incluido dos sectores, el de la energía (combustión, refinerías y coquerías) y la industria (metales férreos, papel y minerales), es decir, que están afectadas, entre otras, cementeras, papeleras, fábricas de vidrio, de cerámica y acerías, entre otras muchas. Cada país miembro de la UE les adjudicará los derechos de emisión que considere convenientes y, a partir de ahí, cada empresa podrá vender las toneladas de CO2 o dióxido de carbono que le sobren (mejorando así su cuenta de resultados anuales) o tendrá que comprar si su actividad supera la cantidad que le ha sido permitida.
Sólo las empresas seleccionadas por cada país (las más grandes, pues deben emitir más de 50.000 toneladas de dióxido de carbono) detentarán los derechos para emitir, pero todo el mundo (incluidos los brokers de nuevo cuño que surjan) podrá comprar y vender. De ahí que el sistema se asemeje enormemente al mercado de valores. Habrá lugar, pues, también, como lo hay en cualquier mercado libre, para los especuladores. El experimento no está exento de riesgos.
La buena noticia es que el sistema está ideado para incentivar tecnologías más eficientes que contaminen menos el ambiente que todos respiramos. A partir de enero de 2005, cuando entre en funcionamiento, las empresas intentarán por todos los medios consumir menos combustible y, consecuentemente, contaminar menos, pues tal política les permitirá vender "derechos de emisiones". La mala noticia es que, elijan la política que elijan, sobre todo en la primera etapa, todas las compañías tendrán que hacer un desembolso extra.
Las que mejoren sus sistemas tendrán que invertir en ellos. Las que no, tendrán que comprar derechos de contaminación, toneladas de dióxido de carbono, al precio del mercado, en una aplicación práctica del principio de "quien contamina paga". Los Gobiernos adjudicarán los derechos de forma muy restrictiva, teniendo en cuenta los compromisos de Kioto. Y si una empresa sobrepasa el límite que se le ha adjudicado, tendrá que pagar una multa "disuasoria". Los borradores de Bruselas hablan de un mínimo de 50 a 100 euros por tonelada de más.
"Es evidente que a las empresas, sobre todo en la primera etapa, les va a tocar pagar más dinero, pero a largo plazo se presenta, sin embargo, una oportunidad de negocio", asegura el eurodiputado portugués Jorge Moreira da Silva, del PP, ponente de la directiva del mercado de emisiones, ya aprobada por el pleno de la Eurocámara el pasado 10 de octubre.
Moreira está entusiasmado con el sistema que se avecina. Asegura que el mercado de emisiones va a reducir en un 35% el coste de la aplicación del Protocolo de Kioto y que Europa se va a situar en la avanzadilla de las tecnologías limpias, lo que finalmente va a ser positivo también para la economía. "En un año de trabajo he recibido en mi despacho hasta 400 personas interesadas por este asunto", cuenta Moreira. "Muchas de ellas son norteamericanas. Observan con mucho interés la experiencia".
Los acuerdos de Kioto prevén abrir el mercado de emisiones a nivel mundial (sólo entre los países que los suscribieron) en enero de 2008. Para entonces la UE contará ya con una evidente ventaja en un sistema repleto de complicaciones que los políticos están intentando solventar. Por ejemplo: ¿qué pasa si una empresa española compra emisiones a una alemana? ¿Qué ocurre si los especuladores bloquean derechos a la espera de que el precio suba? ¿Y si una empresa reduce su actividad para emitir menos?
La mayor parte de estas eventualidades están previstas, y alguna de ellas siguen pendientes del acuerdo final. Se prevé, por ejemplo, que si una empresa española compra emisiones a una alemana, el sistema corregiría instantáneamente el techo del montante total de emisiones teóricas de ambos países para que el compromiso total de la UE a nivel internacional suscrito en el Protocolo de Kioto se mantenga. Reducir, o incluso parar, totalmente la actividad conllevará una pérdida proporcional de derechos de emitir para que las empresas no caigan en la tentación de producir y contaminar en Túnez, por ejemplo, a cambio de nada.
Reino Unido, Alemania, Dinamarca y, sectorialmente, Estados Unidos ya están ensayando sistemas similares. Uno de los grandes escollos del acuerdo político en Bruselas es, precisamente, el mercado británico. En este país, el Gobierno ha creado un fondo de 43 millones de libras anuales para incentivar la reducción de los seis gases de efecto invernadero (y no sólo el CO2, el más importante, previsto para toda Europa). Bruselas considera que tal fondo puede ser considerado ilegal por cuanto se trata de una ayuda de Estado.
El sistema, con todas sus complicaciones, es innovador, pero no la panacea. Los expertos esperan que el mercado de emisiones ponga su grano de arena en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero recuerdan que, por ejemplo, el peor enemigo, el causante del mayor volumen de emisiones es el sector del transporte y para éste no hay previsto ningún nicho en este mercado de emisiones. Sólo un mayor uso del tren y, en general, de los transportes públicos frenarán su potencial contaminante. Un sacrificio, en fin, al que los ciudadanos europeos no parecen estar muy dispuestos.
España, en desventaja
El desarrollo económico español ha disparado la emisión de gases de efecto invernadero muy por encima de su compromiso del Protocolo de Kioto. España emitía en 1990 (año de referencia) 309,7 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El acuerdo europeo le permite contaminar anualmente, hasta el periodo 2008-2012, un 15% más, es decir, 46,5 millones de toneladas adicionales cada año. España ya ha superado ese techo (74,4 más en 1999) y ahora se ve obligada a hacer un esfuerzo añadido mientras que el Reino Unido y Alemania partirán con una inmejorable situación, gracias a la sustitución del carbón por el gas en el primer caso y al cierre de la industria obsoleta en el segundo. El resultado es que las compañías españolas, salvo que acometan una modernización a fondo, se van a ver obligadas a comprar derechos de emisión a otros países excedentarios. "Es evidente que el nuevo mercado les va a costar dinero", dice una fuente diplomática española. "También es cierto que muchas empresas no miran más que las cuentas de resultados. Eso sólo ya no será posible porque el aire que contaminan es de todos". Si España no cumple se expone, además, a las sanciones de Bruselas, ya que el Consejo de Ministros de la UE del 4 de marzo pasado se comprometió a respetar tales acuerdos.La UE es una de las regiones más contaminadoras del mundo. Emite más de 4 billones de toneladas, el 24% de las emisiones mundiales. Sólo Estados Unidos (39%) le supera. Pero la UE, que lidera la lucha contra el cambio climático, pretende reducir 340 millones de toneladas sus emisiones con el mercado de emisiones ya ensayado en Estados Unidos.
CATASTROFE
Nota del 12/10/05 en Clarín
PANORAMA INTERNACIONAL
Los debates que abre el peligro de la gripe aviar
El riesgo de una pandemia coloca otra vez en discusión el tema de las patentes medicinales y la producción de genéricos.
Oscar Raúl Cardoso.
Aun la sabiduría más establecida como respetable en el imaginario colectivo suele saturar, cuando la impotencia la vacía de contenido. Un caso autoevidente de esto es la trillada frase "cada crisis es también una oportunidad" que se suele decir como reflejo ante casi cualquier desastre o tragedia.
El ejemplo más claro es el ya innegable efecto deletéreo de la llamada globalización económica que, suele repetirse hasta el hartazgo, ofrece "oportunidades doradas" para construir un mundo más rico y próspero, mientras al menos un 40% de la población se debate en la miseria, porcentaje que no cesa de crecer.
Es lícito preguntar: ¿Dónde está la oportunidad —si como atestigua el PNUD en su más reciente informe— quinientos individuos en el mundo acumulan un ingreso anual superior al de cientos de miles de los más pobres?
Más recientemente el devastador tsunami del año pasado y los mega huracanes caribeños de este 2005 —Katrina se lleva hasta ahora las oscuras palmas, si Wilma no termina superándolo— se transformaron en presuntos incentivos para que los gobiernos, en el primer caso, inviertan en el diseño de un sistema regional de alerta temprana para los movimientos tectónicos submarinos. En el segundo, para reconstruir una New Orleans devastada de acuerdo con un diseño que la haga más segura para habitar, de cara al poder infinito de la naturaleza.
En el ínterin, entre tanta promesa que puede quedar hueca, tenemos una suerte de terrorismo natural que siempre, no hay duda, golpea con más fuerza a los sectores más débiles de cada lugar en el que se desata.
Hay, incluso, quienes ven en esto otra clase de "oportunidad"; aplicando criterios perversamente selectivos del pensamiento de Tomás Malthus y de la teoría de la evolución de Charles Darwin, proponen aceptar como verdad impiadosa que la naturaleza está combatiendo el exceso de reproducción entre los ejemplares menos exitosos de la especie. Así de sencillo. Algo de este enfoque comienza a estar presente en el debate alarmado que se ha desatado sobre una próxima pandemia aviar. Los modelos matemáticos que advierten sobre una tasa de mortalidad que podría superar los cien millones de seres humanos parecen estar en siniestra sintonía con el pensamiento que prefiere una enfermedad correctiva a otro método de balance también frecuentado por la especie: la guerra.
Con, hasta ahora al menos, un único antiviral recomendado por las organizaciones sanitarias —Tamiflú, producido y comercializado por la multinacional de origen suizo Roche— no hay duda de quiénes podrían estar en condiciones de combatir la enfermedad posible: aquellos cuyos gobiernos tengan posibilidad de adquirir, o controlar, la producción del medicamento y que puedan pagar un valor que hoy ronda los 60 dólares por tratamiento.
Por cierto que, dada la emergencia, este cuadro se modificaría. La empresa dice haber donado ya unas tres millones de dosis a la Organización Mundial de la Salud a pesar de que el número de encargos lucrativos que tiene es casi imposible de satisfacer.
Conviene dejar de lado el grado de eficacia —aun dudosa— de este antiviral sobre el que los médicos advierten que no está absolutamente probada y contra el cual, en cualquier caso, el nuevo virus podría desarrollar rápidamente inmunidad, para detenerse en lo que quizá sea la auténtica oportunidad de la crisis en ciernes: examinar los alcances de la propiedad intelectual y las limitaciones que su protección debería tener.
Como las víctimas de Katrina pusieron en evidencia, la injusticia profunda que tolera en su territorio la nación más rica del planeta, la amenaza de una pandemia de gripe echa luz nueva sobre un ejercicio que hace mucho la sociedad global no pone en marcha: el cuestionamiento de la inviolabilidad absoluta de la propiedad.
El colapso de la URSS en los '90, y la vetustez que aquejó al pensamiento marxista, produjo en esa sociedad una suerte de Alzheimer del pensamiento crítico: no hemos solo dejado de pensar qué se hace con la propiedad; hemos olvidado para qué sirve y debiera servir. ¿Es sacrosanta de cara a la importancia de lo humano?
Cuando, se sabe, hay ya existencias de Tamiflú bajo custodia militar en algunos países, se han multiplicado las voces que le demandan a Roche una apertura de la patente que haga posible que más laboratorios produzcan el antiviral que tiene bajo patente exclusiva, a pesar de que no la desarrolló.
Los laboratorios multinacionales que priman en un negocio global de mas de medio billón de dólares al año son obsesivos con su propiedad intelectual, pero saben que la historia corre hacía lugares que pueden ser incómodos. La enorme difusión del conocimiento, los países que se animan a desafiar patentes con la producción de genéricos y las urgencias que causan las crisis sanitarias suelen poner en riesgo los secretos mejor guardados.
Y hasta el restrictivo capítulo de propiedad intelectual —TRIPs es su sigla en inglés- de la Organización Mundial de Comercio contiene previsiones para que los estados puedan, enfrentados a emergencias, disponer el uso compulsivo de patentes medicinales contra la voluntad de sus dueños.
No en vano Roche admitió hace poco que podría abrir la patente del Tamiflú a algunos laboratorios de genéricos, del mismo modo que otro gigante del rubro, Abbot, terminó por acordar aceptando el desafío que le había presentado Brasil en el caso de una droga para el sida.Pero el caso del antiviral es complejo. Roche insiste en que la droga es muy difícil de sintetizar —asegura que le demanda ocho meses producir cada partida— y que depende de un componente básico, un vegetal de China, que amenaza con escasear. El otro costado que los defensores de la propiedad inte lectual no mencionan es que la situación urge y cada minuto cuenta. Después de todo quizás, sí, haya una oportunidad en esta encrucijada: la de repensar todos los costados de la cuestión "propiedad".
CYBERCAFE
Nota del 12/12/03 en Clarín (y un suelto en rebelión.org)
TENDENCIAS
A través de los “ciberlocutorios”, la clase media baja argentina se conecta a Internet
Los barrios con mayor densidad de locales online son el Centro, Once y Flores. El fenómeno está redefiniendo el perfil del internauta local: hoy, se conecta más gente desde la calle que desde la oficina.
Por Eva Rueda. Especial para Clarín.com.
Como postales urbanas de época, cada “ciberlocutorio” argentino contiene cientos de historias mínimas que lo vuelven único. María tiene 17 años y la despidieron hace dos semanas. Estaba ahorrando para comprarse una computadora para comunicarse con su papá, que hace poco se fue a vivir a España. “Para mí, los ciberlocutorios son un espacio de felicidad: es la única posibilidad que tengo de estar conectada con mi padre... Por un peso, todos los días chateamos durante una hora”. Jorge decidió emprender una empresa propia para obtener un ingreso extra: vende libros usados y, para llegar a más gente organiza catálogos que despacha, por Internet, a conocidos y amigos. “El ciberlocutorio es mi oficina. Me ofrece una PC veloz durante las 24 horas del día a un precio accesible,” dice.
Irma vive en el Once y nunca pensó que a los 60 años iba a pasar tantas horas ante una computadora. Su hija y su nietita de 2 años ya no viven en la Argentina y ella sigue los pasos de la nena a través de la webcam del ciberlocutorio de su barrio: “Si no hubiera sido por el locutorio, nunca hubiera visto a mi nieta correr y saltar como si estuviera aquí, aunque viva en Canadá”. Historias simples de “ese grupito" de usuarios argentinos que un día empezó a conectarse a la red y que hoy suma casi 5 millones de personas. Según el último relevamiento de Clarín.com y la consultora D’Alessio/IROL, el 37 por ciento de ellos accede a la red desde los ciberlocutorios, lo que refleja un aumento significativo respecto a los datos del año pasado, cuando sólo el 19 por ciento accedía a Internet desde la calle.
Los ciberlocutorios, una cuestión que desvela a los teóricos de la comunicación iberoamericanos (quienes lo consideran un fenómeno único en todo el globo), “ablandó” la accesibilidad a la red de los sectores menos favorecidos, cosa que, en otros países, ocurrió políticas de Estado mediante. Según la encuesta, que sondeó personal y telefónicamente a 1.200 personas y a otras 8.200 a través de Internet, el fenómeno de los locutorios con acceso a la red y su consolidación en los últimos 3 años impactó sobre los usos de Internet, conformando, al amparo del fenómeno, un nuevo perfil de internauta tipo. En la actualidad, la conexión desde los locutorios alcanza a la mitad del segmento C3 y al 82 por ciento del D, es decir, a los grupos sociales que los analistas denominan clase media baja.
"Hoy, los locutorios y cibercafés ofrecen PCs modernas conectadas por banda ancha, lo que los vuelve interesantes para la gente de ingresos más bajos, que no puede afrontar el gasto de una computadora y que, a veces, ni siquiera tiene teléfono". Lo revelador del informe es que el 37 por ciento de los internautas argentinos se conecta desde la calle y el 25 por ciento lo hace desde el trabajo. Es decir: la calle “gana” nuevamente “por goleada”. Según los datos de la Cámara Argentina de Locutorios (CAL), hoy, Buenos Aires cuenta con unos 2 mil locutorios con acceso a Internet que se disputan los potenciales usuarios en base a una guerra de “tarifas amables". De los 4 pesos que, en marzo del 2001, cortaba la hora de conexión a Internet, hoy se impone un nuevo estándar: "Un peso, una hora".
"He venido a editar un corto", señala Fabián, un joven estudiante de cine que aguarda su turno en un ciberlocutorio de Flores. "No podría pagarlo de otra forma y calculo que, en una tarde, por 5 o 6 pesos, puedo terminar mi primer película". A su lado, Gustavo, quien a los 70 años se echó mano a las nuevas tecnologías "por necesidad y por curiosidad", está consultando la evolución de valores financieros, tipiando la “triple doble ve” con dos dedos, dejando la vista en el intento. La socióloga Nora D’Alessio dice que los nuevos datos señalan el surgimiento de una nueva realidad que llega de la mano de la "avidez de información", de la creciente necesidad de "apoyo emocional" y de un "cambio cultural": a su juicio, “la vida de muchos argentinos transcurre cada vez más puertas adentro".
D’ Alessio también asocia la explosión de los ciberlocutorios al fenómeno del desempleo, que obligó a quienes se conectaban desde sus trabajos a acceder a la red desde una conexión pública. Pero, además de las cifras, lo que sorprende es el pálpito de la calle. La peatonal Lavalle es el epicentro de los ciberlocutorios: plagada de carteles que invitan a conectarse a cualquier cosa ("chat online", icq, mirc, cyber, juegos en red, pantalla plana, cabinas privadas...), en apenas tres cuadras hay 13 locutorios que compiten a muerte entre sí. “El micro y el macrocentro porteños y los barrios de Flores, Once, Liniers, Villa del Parque y Caballito aglutinan el mayor número de locutorios con acceso a Internet”, dice Bernardo Montenegro, secretario general de la CAL. "Según nuestros cálculos, el 70 por ciento de los locutorios y ‘cybers’ porteños son negocios familiares, mientras que el resto depende de pequeñas sociedades de dos o tres personas. Pero el negocio está empezando a dejar de ser lo que era...," asegura Montenegro. El informe de D’Alessio IROL concluye que el uso de la web en la Argentina sigue en expansión: creció un 32 por ciento en el último año, tanto en el número de usuarios como en el tiempo de conexión. El 80 por ciento de los argentinos de clase alta (que reúne el 7 por ciento de la población) accede regularmente a Internet, al igual que el 50 por ciento de nivel medio alto (que concentra al 15 por ciento de los argentinos).
Hoy, el internauta argentino tiene más de 24 años, aunque el informe detecta una alta incorporación a la red de personas más jóvenes. La mayoría de los usuarios de Internet locales siguen siendo hombres (58 por ciento), aunque las mujeres siguen ganando terreno (42 por ciento). Los ciberlocutorios que ofrecen acceso a Internet lo hacen a través de distintas empresas, entre ellas, Telecom, Telefónica, Iplan, Telecentro y Tpp. La libertad de tarifas (limitadas en su techo, pero no en su piso), la falta de regulación del sector (no hay reglamento que establezca distancias mínimas entre locutorios), la aparición de franquicias y los intermediarios que reciben el 15 por ciento de los beneficios del consumo telefónico son algunos de los rasgos que definen este negocio, en constante transformación.
Internet gratis para los pobres en São Paulo
bulmalug.net
Los concejales de izquierda del ayuntamiento de São Paulo han sacado adelante una iniciativa que merece ser aplaudida: la apertura en las zonas más pobres de esta urbe brasileña de en torno a un centenar de cibercafés gratuítos, denominados Telecentros, en los cuales los parados -que se estiman en el 20% de la población de esos barrios- dispondrán diariamente de hasta una hora de acceso a Internet sin cargo alguno. Se calcula que con la puesta en marcha de los Telecentros, se podrá llegar a más de 300.000 interesados, y se conseguirán objetivos como la disminución de los índices actuales de exclusión digital y social de las zonas destinatarias de estas instalaciones, la capacitación profesional de los usuarios, la revalorización de estas zonas urbanas mediante el aumento del tránsito de personas, la participación popular en la gestión de esos centros y, también, la difusión del software libre. Por supuesto, los Telecentros funcionarán bajo GNU/Linux lo cual, entre otras ventajas, le supondrá a la municipalidad de São Paulo un importante ahorro en lo que a pago de licencias se refiere. Este modelo ha sido puesto como ejemplo, en la Cumbre de la Sociedad de la información, de democratización del acceso a internet.
http://www.rebelion.org/cibercensura/031212tc.htm
Nota del 24/11/02 en EL PAIS Sociedad
"Vendo toneladas de CO 2 a buen precio"
La UE pondrá en marcha un nuevo mercado para ganar dinero por reducir la contaminación
El mercado de derechos de emisiones de gases causantes del cambio climático está a la vuelta de la esquina. Este mecanismo fue desarrollado por Estados Unidos para incentivar económicamente a la industria en la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones. El Protocolo de Kioto lo hizo suyo. La Unión Europea, que pretende liderar el combate mundial contra el cambio climático, ultima el marco regulador de este mercado en su ámbito territorial y en sus relaciones con los países en desarrollo. El punto crítico será la asignación de emisiones en cuyo reparto trabajan desde hace meses varios ministerios, algunas autonomías, la CEOE y las grandes empresas de los sectores afectados.
GABRIELA CAÑAS - Bruselas
Comprar o vender toneladas de dióxido de carbono va a ser muy pronto una realidad en Europa. Este mercado sin precedentes en la historia es un sistema revolucionario del que se esperan beneficios ecológicos, aunque también económicos a largo plazo. La Unión Europea, que quiere introducirlo el 1 de enero de 2005, ya ha diseñado cómo debería funcionar y la City londinense aspira a convertirse en la sede central de esa futura bolsa de emisiones europeas. El mecanismo será similar al que impera en el mercado de valores. El objetivo: cumplir el Protocolo de Kioto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El comercio de emisiones lo ideó la Administración de Bill Clinton y lo abanderó su vicepresidente Al Gore, pero será la Unión Europea la pionera en ponerlo en marcha, toda vez que Estados Unidos se ha retirado del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU, más conocido por Protocolo de Kioto.
A falta de concretar todavía algunos detalles, que los ministros de Medio Ambiente de los Quince discutirán el próximo 9 de diciembre, las líneas directrices ya están perfiladas. Cinco mil grandes empresas europeas cuya actividad contamina la atmósfera con una importante cantidad de emisiones de dióxido de carbono estarán obligadas a participar en este mercado. Se han incluido dos sectores, el de la energía (combustión, refinerías y coquerías) y la industria (metales férreos, papel y minerales), es decir, que están afectadas, entre otras, cementeras, papeleras, fábricas de vidrio, de cerámica y acerías, entre otras muchas. Cada país miembro de la UE les adjudicará los derechos de emisión que considere convenientes y, a partir de ahí, cada empresa podrá vender las toneladas de CO2 o dióxido de carbono que le sobren (mejorando así su cuenta de resultados anuales) o tendrá que comprar si su actividad supera la cantidad que le ha sido permitida.
Sólo las empresas seleccionadas por cada país (las más grandes, pues deben emitir más de 50.000 toneladas de dióxido de carbono) detentarán los derechos para emitir, pero todo el mundo (incluidos los brokers de nuevo cuño que surjan) podrá comprar y vender. De ahí que el sistema se asemeje enormemente al mercado de valores. Habrá lugar, pues, también, como lo hay en cualquier mercado libre, para los especuladores. El experimento no está exento de riesgos.
La buena noticia es que el sistema está ideado para incentivar tecnologías más eficientes que contaminen menos el ambiente que todos respiramos. A partir de enero de 2005, cuando entre en funcionamiento, las empresas intentarán por todos los medios consumir menos combustible y, consecuentemente, contaminar menos, pues tal política les permitirá vender "derechos de emisiones". La mala noticia es que, elijan la política que elijan, sobre todo en la primera etapa, todas las compañías tendrán que hacer un desembolso extra.
Las que mejoren sus sistemas tendrán que invertir en ellos. Las que no, tendrán que comprar derechos de contaminación, toneladas de dióxido de carbono, al precio del mercado, en una aplicación práctica del principio de "quien contamina paga". Los Gobiernos adjudicarán los derechos de forma muy restrictiva, teniendo en cuenta los compromisos de Kioto. Y si una empresa sobrepasa el límite que se le ha adjudicado, tendrá que pagar una multa "disuasoria". Los borradores de Bruselas hablan de un mínimo de 50 a 100 euros por tonelada de más.
"Es evidente que a las empresas, sobre todo en la primera etapa, les va a tocar pagar más dinero, pero a largo plazo se presenta, sin embargo, una oportunidad de negocio", asegura el eurodiputado portugués Jorge Moreira da Silva, del PP, ponente de la directiva del mercado de emisiones, ya aprobada por el pleno de la Eurocámara el pasado 10 de octubre.
Moreira está entusiasmado con el sistema que se avecina. Asegura que el mercado de emisiones va a reducir en un 35% el coste de la aplicación del Protocolo de Kioto y que Europa se va a situar en la avanzadilla de las tecnologías limpias, lo que finalmente va a ser positivo también para la economía. "En un año de trabajo he recibido en mi despacho hasta 400 personas interesadas por este asunto", cuenta Moreira. "Muchas de ellas son norteamericanas. Observan con mucho interés la experiencia".
Los acuerdos de Kioto prevén abrir el mercado de emisiones a nivel mundial (sólo entre los países que los suscribieron) en enero de 2008. Para entonces la UE contará ya con una evidente ventaja en un sistema repleto de complicaciones que los políticos están intentando solventar. Por ejemplo: ¿qué pasa si una empresa española compra emisiones a una alemana? ¿Qué ocurre si los especuladores bloquean derechos a la espera de que el precio suba? ¿Y si una empresa reduce su actividad para emitir menos?
La mayor parte de estas eventualidades están previstas, y alguna de ellas siguen pendientes del acuerdo final. Se prevé, por ejemplo, que si una empresa española compra emisiones a una alemana, el sistema corregiría instantáneamente el techo del montante total de emisiones teóricas de ambos países para que el compromiso total de la UE a nivel internacional suscrito en el Protocolo de Kioto se mantenga. Reducir, o incluso parar, totalmente la actividad conllevará una pérdida proporcional de derechos de emitir para que las empresas no caigan en la tentación de producir y contaminar en Túnez, por ejemplo, a cambio de nada.
Reino Unido, Alemania, Dinamarca y, sectorialmente, Estados Unidos ya están ensayando sistemas similares. Uno de los grandes escollos del acuerdo político en Bruselas es, precisamente, el mercado británico. En este país, el Gobierno ha creado un fondo de 43 millones de libras anuales para incentivar la reducción de los seis gases de efecto invernadero (y no sólo el CO2, el más importante, previsto para toda Europa). Bruselas considera que tal fondo puede ser considerado ilegal por cuanto se trata de una ayuda de Estado.
El sistema, con todas sus complicaciones, es innovador, pero no la panacea. Los expertos esperan que el mercado de emisiones ponga su grano de arena en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero recuerdan que, por ejemplo, el peor enemigo, el causante del mayor volumen de emisiones es el sector del transporte y para éste no hay previsto ningún nicho en este mercado de emisiones. Sólo un mayor uso del tren y, en general, de los transportes públicos frenarán su potencial contaminante. Un sacrificio, en fin, al que los ciudadanos europeos no parecen estar muy dispuestos.
España, en desventaja
El desarrollo económico español ha disparado la emisión de gases de efecto invernadero muy por encima de su compromiso del Protocolo de Kioto. España emitía en 1990 (año de referencia) 309,7 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El acuerdo europeo le permite contaminar anualmente, hasta el periodo 2008-2012, un 15% más, es decir, 46,5 millones de toneladas adicionales cada año. España ya ha superado ese techo (74,4 más en 1999) y ahora se ve obligada a hacer un esfuerzo añadido mientras que el Reino Unido y Alemania partirán con una inmejorable situación, gracias a la sustitución del carbón por el gas en el primer caso y al cierre de la industria obsoleta en el segundo. El resultado es que las compañías españolas, salvo que acometan una modernización a fondo, se van a ver obligadas a comprar derechos de emisión a otros países excedentarios. "Es evidente que el nuevo mercado les va a costar dinero", dice una fuente diplomática española. "También es cierto que muchas empresas no miran más que las cuentas de resultados. Eso sólo ya no será posible porque el aire que contaminan es de todos". Si España no cumple se expone, además, a las sanciones de Bruselas, ya que el Consejo de Ministros de la UE del 4 de marzo pasado se comprometió a respetar tales acuerdos.La UE es una de las regiones más contaminadoras del mundo. Emite más de 4 billones de toneladas, el 24% de las emisiones mundiales. Sólo Estados Unidos (39%) le supera. Pero la UE, que lidera la lucha contra el cambio climático, pretende reducir 340 millones de toneladas sus emisiones con el mercado de emisiones ya ensayado en Estados Unidos.
CATASTROFE
Nota del 12/10/05 en Clarín
PANORAMA INTERNACIONAL
Los debates que abre el peligro de la gripe aviar
El riesgo de una pandemia coloca otra vez en discusión el tema de las patentes medicinales y la producción de genéricos.
Oscar Raúl Cardoso.
Aun la sabiduría más establecida como respetable en el imaginario colectivo suele saturar, cuando la impotencia la vacía de contenido. Un caso autoevidente de esto es la trillada frase "cada crisis es también una oportunidad" que se suele decir como reflejo ante casi cualquier desastre o tragedia.
El ejemplo más claro es el ya innegable efecto deletéreo de la llamada globalización económica que, suele repetirse hasta el hartazgo, ofrece "oportunidades doradas" para construir un mundo más rico y próspero, mientras al menos un 40% de la población se debate en la miseria, porcentaje que no cesa de crecer.
Es lícito preguntar: ¿Dónde está la oportunidad —si como atestigua el PNUD en su más reciente informe— quinientos individuos en el mundo acumulan un ingreso anual superior al de cientos de miles de los más pobres?
Más recientemente el devastador tsunami del año pasado y los mega huracanes caribeños de este 2005 —Katrina se lleva hasta ahora las oscuras palmas, si Wilma no termina superándolo— se transformaron en presuntos incentivos para que los gobiernos, en el primer caso, inviertan en el diseño de un sistema regional de alerta temprana para los movimientos tectónicos submarinos. En el segundo, para reconstruir una New Orleans devastada de acuerdo con un diseño que la haga más segura para habitar, de cara al poder infinito de la naturaleza.
En el ínterin, entre tanta promesa que puede quedar hueca, tenemos una suerte de terrorismo natural que siempre, no hay duda, golpea con más fuerza a los sectores más débiles de cada lugar en el que se desata.
Hay, incluso, quienes ven en esto otra clase de "oportunidad"; aplicando criterios perversamente selectivos del pensamiento de Tomás Malthus y de la teoría de la evolución de Charles Darwin, proponen aceptar como verdad impiadosa que la naturaleza está combatiendo el exceso de reproducción entre los ejemplares menos exitosos de la especie. Así de sencillo. Algo de este enfoque comienza a estar presente en el debate alarmado que se ha desatado sobre una próxima pandemia aviar. Los modelos matemáticos que advierten sobre una tasa de mortalidad que podría superar los cien millones de seres humanos parecen estar en siniestra sintonía con el pensamiento que prefiere una enfermedad correctiva a otro método de balance también frecuentado por la especie: la guerra.
Con, hasta ahora al menos, un único antiviral recomendado por las organizaciones sanitarias —Tamiflú, producido y comercializado por la multinacional de origen suizo Roche— no hay duda de quiénes podrían estar en condiciones de combatir la enfermedad posible: aquellos cuyos gobiernos tengan posibilidad de adquirir, o controlar, la producción del medicamento y que puedan pagar un valor que hoy ronda los 60 dólares por tratamiento.
Por cierto que, dada la emergencia, este cuadro se modificaría. La empresa dice haber donado ya unas tres millones de dosis a la Organización Mundial de la Salud a pesar de que el número de encargos lucrativos que tiene es casi imposible de satisfacer.
Conviene dejar de lado el grado de eficacia —aun dudosa— de este antiviral sobre el que los médicos advierten que no está absolutamente probada y contra el cual, en cualquier caso, el nuevo virus podría desarrollar rápidamente inmunidad, para detenerse en lo que quizá sea la auténtica oportunidad de la crisis en ciernes: examinar los alcances de la propiedad intelectual y las limitaciones que su protección debería tener.
Como las víctimas de Katrina pusieron en evidencia, la injusticia profunda que tolera en su territorio la nación más rica del planeta, la amenaza de una pandemia de gripe echa luz nueva sobre un ejercicio que hace mucho la sociedad global no pone en marcha: el cuestionamiento de la inviolabilidad absoluta de la propiedad.
El colapso de la URSS en los '90, y la vetustez que aquejó al pensamiento marxista, produjo en esa sociedad una suerte de Alzheimer del pensamiento crítico: no hemos solo dejado de pensar qué se hace con la propiedad; hemos olvidado para qué sirve y debiera servir. ¿Es sacrosanta de cara a la importancia de lo humano?
Cuando, se sabe, hay ya existencias de Tamiflú bajo custodia militar en algunos países, se han multiplicado las voces que le demandan a Roche una apertura de la patente que haga posible que más laboratorios produzcan el antiviral que tiene bajo patente exclusiva, a pesar de que no la desarrolló.
Los laboratorios multinacionales que priman en un negocio global de mas de medio billón de dólares al año son obsesivos con su propiedad intelectual, pero saben que la historia corre hacía lugares que pueden ser incómodos. La enorme difusión del conocimiento, los países que se animan a desafiar patentes con la producción de genéricos y las urgencias que causan las crisis sanitarias suelen poner en riesgo los secretos mejor guardados.
Y hasta el restrictivo capítulo de propiedad intelectual —TRIPs es su sigla en inglés- de la Organización Mundial de Comercio contiene previsiones para que los estados puedan, enfrentados a emergencias, disponer el uso compulsivo de patentes medicinales contra la voluntad de sus dueños.
No en vano Roche admitió hace poco que podría abrir la patente del Tamiflú a algunos laboratorios de genéricos, del mismo modo que otro gigante del rubro, Abbot, terminó por acordar aceptando el desafío que le había presentado Brasil en el caso de una droga para el sida.Pero el caso del antiviral es complejo. Roche insiste en que la droga es muy difícil de sintetizar —asegura que le demanda ocho meses producir cada partida— y que depende de un componente básico, un vegetal de China, que amenaza con escasear. El otro costado que los defensores de la propiedad inte lectual no mencionan es que la situación urge y cada minuto cuenta. Después de todo quizás, sí, haya una oportunidad en esta encrucijada: la de repensar todos los costados de la cuestión "propiedad".
CYBERCAFE
Nota del 12/12/03 en Clarín (y un suelto en rebelión.org)
TENDENCIAS
A través de los “ciberlocutorios”, la clase media baja argentina se conecta a Internet
Los barrios con mayor densidad de locales online son el Centro, Once y Flores. El fenómeno está redefiniendo el perfil del internauta local: hoy, se conecta más gente desde la calle que desde la oficina.
Por Eva Rueda. Especial para Clarín.com.
Como postales urbanas de época, cada “ciberlocutorio” argentino contiene cientos de historias mínimas que lo vuelven único. María tiene 17 años y la despidieron hace dos semanas. Estaba ahorrando para comprarse una computadora para comunicarse con su papá, que hace poco se fue a vivir a España. “Para mí, los ciberlocutorios son un espacio de felicidad: es la única posibilidad que tengo de estar conectada con mi padre... Por un peso, todos los días chateamos durante una hora”. Jorge decidió emprender una empresa propia para obtener un ingreso extra: vende libros usados y, para llegar a más gente organiza catálogos que despacha, por Internet, a conocidos y amigos. “El ciberlocutorio es mi oficina. Me ofrece una PC veloz durante las 24 horas del día a un precio accesible,” dice.
Irma vive en el Once y nunca pensó que a los 60 años iba a pasar tantas horas ante una computadora. Su hija y su nietita de 2 años ya no viven en la Argentina y ella sigue los pasos de la nena a través de la webcam del ciberlocutorio de su barrio: “Si no hubiera sido por el locutorio, nunca hubiera visto a mi nieta correr y saltar como si estuviera aquí, aunque viva en Canadá”. Historias simples de “ese grupito" de usuarios argentinos que un día empezó a conectarse a la red y que hoy suma casi 5 millones de personas. Según el último relevamiento de Clarín.com y la consultora D’Alessio/IROL, el 37 por ciento de ellos accede a la red desde los ciberlocutorios, lo que refleja un aumento significativo respecto a los datos del año pasado, cuando sólo el 19 por ciento accedía a Internet desde la calle.
Los ciberlocutorios, una cuestión que desvela a los teóricos de la comunicación iberoamericanos (quienes lo consideran un fenómeno único en todo el globo), “ablandó” la accesibilidad a la red de los sectores menos favorecidos, cosa que, en otros países, ocurrió políticas de Estado mediante. Según la encuesta, que sondeó personal y telefónicamente a 1.200 personas y a otras 8.200 a través de Internet, el fenómeno de los locutorios con acceso a la red y su consolidación en los últimos 3 años impactó sobre los usos de Internet, conformando, al amparo del fenómeno, un nuevo perfil de internauta tipo. En la actualidad, la conexión desde los locutorios alcanza a la mitad del segmento C3 y al 82 por ciento del D, es decir, a los grupos sociales que los analistas denominan clase media baja.
"Hoy, los locutorios y cibercafés ofrecen PCs modernas conectadas por banda ancha, lo que los vuelve interesantes para la gente de ingresos más bajos, que no puede afrontar el gasto de una computadora y que, a veces, ni siquiera tiene teléfono". Lo revelador del informe es que el 37 por ciento de los internautas argentinos se conecta desde la calle y el 25 por ciento lo hace desde el trabajo. Es decir: la calle “gana” nuevamente “por goleada”. Según los datos de la Cámara Argentina de Locutorios (CAL), hoy, Buenos Aires cuenta con unos 2 mil locutorios con acceso a Internet que se disputan los potenciales usuarios en base a una guerra de “tarifas amables". De los 4 pesos que, en marzo del 2001, cortaba la hora de conexión a Internet, hoy se impone un nuevo estándar: "Un peso, una hora".
"He venido a editar un corto", señala Fabián, un joven estudiante de cine que aguarda su turno en un ciberlocutorio de Flores. "No podría pagarlo de otra forma y calculo que, en una tarde, por 5 o 6 pesos, puedo terminar mi primer película". A su lado, Gustavo, quien a los 70 años se echó mano a las nuevas tecnologías "por necesidad y por curiosidad", está consultando la evolución de valores financieros, tipiando la “triple doble ve” con dos dedos, dejando la vista en el intento. La socióloga Nora D’Alessio dice que los nuevos datos señalan el surgimiento de una nueva realidad que llega de la mano de la "avidez de información", de la creciente necesidad de "apoyo emocional" y de un "cambio cultural": a su juicio, “la vida de muchos argentinos transcurre cada vez más puertas adentro".
D’ Alessio también asocia la explosión de los ciberlocutorios al fenómeno del desempleo, que obligó a quienes se conectaban desde sus trabajos a acceder a la red desde una conexión pública. Pero, además de las cifras, lo que sorprende es el pálpito de la calle. La peatonal Lavalle es el epicentro de los ciberlocutorios: plagada de carteles que invitan a conectarse a cualquier cosa ("chat online", icq, mirc, cyber, juegos en red, pantalla plana, cabinas privadas...), en apenas tres cuadras hay 13 locutorios que compiten a muerte entre sí. “El micro y el macrocentro porteños y los barrios de Flores, Once, Liniers, Villa del Parque y Caballito aglutinan el mayor número de locutorios con acceso a Internet”, dice Bernardo Montenegro, secretario general de la CAL. "Según nuestros cálculos, el 70 por ciento de los locutorios y ‘cybers’ porteños son negocios familiares, mientras que el resto depende de pequeñas sociedades de dos o tres personas. Pero el negocio está empezando a dejar de ser lo que era...," asegura Montenegro. El informe de D’Alessio IROL concluye que el uso de la web en la Argentina sigue en expansión: creció un 32 por ciento en el último año, tanto en el número de usuarios como en el tiempo de conexión. El 80 por ciento de los argentinos de clase alta (que reúne el 7 por ciento de la población) accede regularmente a Internet, al igual que el 50 por ciento de nivel medio alto (que concentra al 15 por ciento de los argentinos).
Hoy, el internauta argentino tiene más de 24 años, aunque el informe detecta una alta incorporación a la red de personas más jóvenes. La mayoría de los usuarios de Internet locales siguen siendo hombres (58 por ciento), aunque las mujeres siguen ganando terreno (42 por ciento). Los ciberlocutorios que ofrecen acceso a Internet lo hacen a través de distintas empresas, entre ellas, Telecom, Telefónica, Iplan, Telecentro y Tpp. La libertad de tarifas (limitadas en su techo, pero no en su piso), la falta de regulación del sector (no hay reglamento que establezca distancias mínimas entre locutorios), la aparición de franquicias y los intermediarios que reciben el 15 por ciento de los beneficios del consumo telefónico son algunos de los rasgos que definen este negocio, en constante transformación.
Internet gratis para los pobres en São Paulo
bulmalug.net
Los concejales de izquierda del ayuntamiento de São Paulo han sacado adelante una iniciativa que merece ser aplaudida: la apertura en las zonas más pobres de esta urbe brasileña de en torno a un centenar de cibercafés gratuítos, denominados Telecentros, en los cuales los parados -que se estiman en el 20% de la población de esos barrios- dispondrán diariamente de hasta una hora de acceso a Internet sin cargo alguno. Se calcula que con la puesta en marcha de los Telecentros, se podrá llegar a más de 300.000 interesados, y se conseguirán objetivos como la disminución de los índices actuales de exclusión digital y social de las zonas destinatarias de estas instalaciones, la capacitación profesional de los usuarios, la revalorización de estas zonas urbanas mediante el aumento del tránsito de personas, la participación popular en la gestión de esos centros y, también, la difusión del software libre. Por supuesto, los Telecentros funcionarán bajo GNU/Linux lo cual, entre otras ventajas, le supondrá a la municipalidad de São Paulo un importante ahorro en lo que a pago de licencias se refiere. Este modelo ha sido puesto como ejemplo, en la Cumbre de la Sociedad de la información, de democratización del acceso a internet.
http://www.rebelion.org/cibercensura/031212tc.htm
posted by club de arquitectura @ 3:54 p. m.
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